lunes, 29 de agosto de 2016

Entre Ríos: 60 obras sociales dejarán sin cobertura a sus afiliados

Se cortará la prestación médica, el servicio de prácticas ambulatorias y cirugías. La medida fue adoptada por la Federación Médica, argumentado finalización de los convenios. Sería una respuesta a la Ley Antiplus, que aún no está vigente.
      
60 obras sociales dejarán sin cobertura a sus afiliadosEl Colegio Médico de Gualeguaychú confirmó que los afiliados de unas 60 obras sociales de toda la provincia, dejarán de recibir las prestaciones a partir del 31 de agosto, debido a la finalización de los convenios con las mismas. Esto se produce a partir que la Federación Médica resolvió denunciar la terminación de los acuerdos.

A estas obras sociales se les sumarían otras 30 por lo que los afiliados serán atendidos como pacientes particulares debiendo abonar los honorarios correspondientes. Incluso, se menciona el posible corte de algunas prestaciones al Iosper, aunque esto aún no fue confirmado.

"Esta es una respuesta a Ley Antiplus, que fue aprobada por los legisladores entrerrianos y que solo necesita la promulgación del ejecutivo, para que comience a aplicarse" manifestaron en Radio Máxima.

Al respecto, cuestionario: "Es una Ley "tribunera", que solo perjudica al afiliado, quienes se verán atrapados teniendo que pagar la totalidad de las prestaciones médicas".

No sólo se cortará la prestación médica sino también servicio de prácticas ambulatorias y cirugías, por lo que "las complicaciones serán mayúsculas", adelantaron fuentes médicas.

Hasta que no se cierren los nuevos convenios no se prestarán servicios, pero adelantan que "as negociaciones serán muy duras, porque deberán aceptar lo que corresponda para poder acordar convenientemente, a diferencia de lo que venía pasando, lo que llevaba a que los médicos tuvieran que cobrar plus", revelaron.

Incertidumbre

El dirigente de la AGMER, Mario Bernasconi, manifestó que "la ley aún no está en vigencia y el escenario es de incertidumbre porque hay sectores importantes que hacen lobby y pugnan para que no se promulgue, así como antes intentaron que el proyecto de ley no se aprobara".

Recordó que la ley aprobada en la Legislatura "indica que los médicos de sanatorios y clínicas deben abstenerse de cobrar plus por encima de los contratos que ellos mismos han acordado con las Obras Sociales".

Fuente: Diario Uno

viernes, 26 de agosto de 2016

Santa Cruz: “La obra social debe arbitrar los medios para que el arancel no recaiga en la gente”

La diputada Gabriela Peralta presentó un proyecto de ley que busca terminar con el cobro de 'plus' en las prestaciones médicas y ramas anexas, contextualizando dicha modalidad a la situación económica que hoy por hoy se vive y lo costoso de los fármacos, como así también de las operaciones.

Resultado de imagen para cobro plus de obras socialesLa legisladora argumentó en primer término que: "La negociación debe ser una articulación permanente para que estas percepciones económicas no recaigan sobre el deteriorado poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. De ninguna manera pretende enfrentar a los profesionales de la salud con los afiliados, ni mucho menos cercenar lo que considera una justa retribución a su trabajo y profesionalismo. Claro esta que para los afiliados, frente a la crisis económica que atraviesa nuestro país y provincia, es muy costoso afrontar estos aranceles, además de lo oneroso que resultan los tratamientos médicos con fármacos e insumos sumado a esto, las internaciones y prácticas quirúrgicas”.

El proyecto presentado por Peralta tiene como fin "la prohibición del cobro de "plus"(coseguros, adicionales o complementos monetarios), por los servicios que los profesionales médicos y ramas anexas, brinden a afiliados que estén amparados bajo la cobertura de entidades regidas por las leyes nacionales 23.660 (de Obras Sociales), 23.661 (Sistema Nacional del Seguro de Salud) y de la ley 364 (Obra Social de Empleados de la Administración Pública "CSS” ), siempre que los mismos no formaren parte de los aranceles fijados en convenios suscriptos entre la entidad y los profesionales citados y/o las organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución de la prestación."

En relación a ello, la diputada manifestó: "la percepción del arancel que los médicos solicitan a los afiliados de la Caja de Servicios Sociales se ha convertido lamentablemente en una cuestión de usos y costumbres, que no solo se mantiene en el tiempo si no que de acuerdo a la especialidad sufren aranceles muchas veces imposibles de solventar por los afiliados de nuestra obra social” a lo que añadió: "Este arancel se  traslada en forma directa a los usuarios siendo que por naturaleza y funciones la Obra Social Provincial debería negociar con los profesionales prestadores del Servicio Social.”

Según señaló la propia Peralta el proyecto "no pretende cuestionar lo que cada actor del padrón de profesionales entiende vale su trabajo, muy por el contrario, afirmamos que es imperiosa la negociación sectorial, entendiendo además, que nuestra obra social cubre a la mayoría de los pacientes que los profesionales atiende” expresó. 

Para finalizar manifestó: "conocemos del apego que por muchas razones, inclusive culturales, llevan a los afiliados a recurrir a sus médicos de cabecera. Por este mismo motivo es la Obra Social a la que aportan los afiliados, la que debería afrontar los costos para garantizar el derecho a la salud y no trasladar en forma directa a los afiliados esas percepciones económicas ya cubiertas por el aporte mensual de activos y pasivos a la Caja de Servicios Sociales”.

Fuente: Nuevo Día

miércoles, 24 de agosto de 2016

Fallo sobre cobertura del costo del ciclo lectivo a favor de niño con discapacidad

Resultado de imagen para martillo juezPartes: “F., N. V. v. OSDE s/ incidente de apelación”, C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala I, (24/05/2016)


Cobertura del costo del ciclo lectivo: niño con discapacidad



Fuente: DPI Cuántico

viernes, 19 de agosto de 2016

Ordenan a obra social cubrir tratamiento de fertilización asistida

Disponen tratamiento a una mujer soltera por parte de una obra social.

La Justicia de ROSARIO ordenó a la Obra Social del Estado Provincial de Santa Fe (Iapos) pagar el tratamiento de FERTILIZACIÓN ASISTIDA a una mujer de 46 años, soltera y sin pareja conviviente, que había sido rechazado por la prestataria aduciendo el estado civil de la peticionante, informaron fuentes judiciales. Se trata del tercer fallo consecutivo que hizo lugar a un recurso de amparo presentado en contra Iapos en un mes para casos idénticos.

El primero se conoció el lunes 1 de agosto a favor de una mujer de 38 años, tres días después, el 3 de agosto, falló a favor de otra de 43 años, y hoy el juez en lo Civil y Comercial, Pedro Boasso hizo lugar al amparo presentado por una mujer de 46 años soltera y sin pareja conviviente.

Al hacer lugar la demanda y ordenar a la obra social de los empleados públicos santafesinos-Iapos- hacerse cargo de los costos del tratamiento en un 100 por ciento, el Juez rechazó la estrategia de la prestataria que argumentaba razones vinculadas al estado civil de la demandante y consideró "que tales limitaciones no son consideradas en la ley de fertilización asistida vigente". El juez en la resolución añade, "que la salud es un derecho de primerísimo nivel, unido de manera indisoluble a la vida".

Fuente: El Tribuno

jueves, 18 de agosto de 2016

Hay una decisión política del Estado con el fin de proteger el interés del niño que se traduce en la vacunación obligatoria

El STJ de Jujuy ratificó el rechazo al reclamo de una madre que no quería vacunar a sus hijos porque prefería utilizar un modelo homeopático. Los jueces señalaron que hay “una decisión política del Estado” con el fin “de proteger el interés del niño que se traduce en la vacunación obligatoria”.

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy falló en favor de la Ley 22.909 que impone la vacunación obligatoria, y de esa forma rechazó el amparo de una mujer que se oponía a la vacunación compulsiva de sus hijos.

Los jueces Laura Nilda Lamas González, José Manuel del Campo y Clara Aurora De Langhe de Falcone rechazaron el recurso interpuesto por la Defensora de Menores en autos “F. S. DE B., Ñ. y R.N. S. DE B. en Situación de Riesgo“ contra la sentencia de Cámara de Apelaciones y Control que desestimó el pedido.

La madre justificó su pedido en la existencia de un Plan Alternativo de Inmunización de una medicina basada en el modelo “homeopático”, que garantizaría – a su juicio- “igual resultado que el que ha inspirado la sanción de la Ley Nº 22.909”.

El Tribunal había justificado el rechazo con fundamento en que sólo fue formulado por uno de los progenitores, y que la oposición a la vacunación “entraña la decisión conjunta de ambos progenitores”, quienes “con unidad de criterio”, deben demostrar “que están optando por el camino más apto e idóneo para la salvaguarda de la integridad psicofísica de su descendencia”.

Los integrantes del Alto Tribunal provincial coincidieron con esa tesis, partiendo de la premisa de que el Estado Nacional “ha establecido una política de vacunación obligatoria y gratuita en la primera infancia, para combatir las enfermedades prevenibles por ese medio”.

El STJ puso foco en el contenido de la Resolución Nº 2162/2012 del Ministerio de Salud de la Nación, que declara que “se han actualizado los conocimientos sobre las vacunas en el país ajustadas al máximo nivel de evidencia científica, destacándose las que forman parte del calendario Nacional de Vacunación, que ha crecido en los últimos años hasta llegar a 16 vacunas gratuitas y obligatorias, contribución fundamental para la eliminación de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénito”.

Según el fallo, la materia en discusión versaba sobre la obligación que pesa sobre el Estado – Nacional y Provincia- en su carácter de Garante de la Salud Pública, y los alcances del derecho constitucional a la salud.

“Consecuentemente, no cabe duda –entonces- que hay una decisión política del Estado Nacional y Provincial al respecto, con el fin de proteger el interés del niño que se traduce en la vacunación obligatoria, seguido de los demás controles correspondientes”, aseguraron los magistrados.

El fallo del Superior Tribunal tiene en cuenta el contexto familiar en el que se encuentran los niños, haciendo mención a un expediente de protección de persona del que se desprende “que los infantes crecieron en un ambiente con potencialidad para causarles daños físicos y psíquicos, sin que se les proporcionara la contención médica mínima”.

“Tampoco contaron con una residencia estable e independiente, menos aún, con medios suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas, dependiendo de la ayuda de distintos familiares. Más aún, en el caso particular de Ñ., las profesionales intervinientes constataron signos compatibles con negligencia de cuidado, higiene y contención respecto del mismo, lo que ratifica las condiciones de riesgo en la que se vieron involucrados ambos menores”, agregaron los jueces.

El Máximo Tribunal provincial no tuvo dudas al respecto y consignó que ese cuadro de situación “ evidencia la ineludible obligación del Estado de intervenir no solo de forma preventiva, sino brindando asistencia activa a los niños para suplir el ejercicio irregular de la responsabilidad parental por parte de la madre de los infantes” quien “ha incumplido deliberadamente” con las obligaciones que emanan del régimen de vacunación obligatoria “y que redundan en un perjuicio concreto a los niños”.

“La obligatoriedad del régimen de vacunación, se funda en razones de interés colectivo que hacen al bienestar general, pues, la vacunación no alcanza sólo al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir y/o erradicar los contagios en la población”, concluyó el Superior Tribunal.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo