Reclamo. Organizaciones de mujeres notificaron al Ministerio
de Salud que detectaron reiterados incumplimientos de los protocolos para los
casos de gestaciones avanzadas.
El año pasado, el hospital Iturraspe fue noticia porque,
pese a no estar inscriptos en el Registro de Objetores de Conciencia, todos los
médicos del servicio de Ginecología se negaban a realizar abortos no punibles
(ANP). Pasó el tiempo y la situación no cambió pero la provincia buscó
garantizar el ejercicio de ese derecho a través de otros centros de salud y
hospitales. Ahora, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres
alertaron que no se están cumpliendo los protocolos nacionales para el acceso a
la interrupción legal del embarazo (ILE).
La semana pasada, distintas organizaciones del movimiento de
mujeres presentaron una nota al Ministerio de Salud de la provincia para dar a
conocer "las vulneraciones al derecho a la salud de las mujeres que se
vienen produciendo en los hospitales Cullen e Iturraspe".
Los protocolos vigentes establecen las distintas intervenciones
que se recomiendan para la ILE en función de la cantidad de semanas de
gestación. Así, primero se establece realizar el procedimiento utilizando
misoprostol de manera ambulatoria. Pero, pasadas las 14 semanas, se instruye la
importancia de la internación de la mujer para un mejor control y mayor
seguridad.
"El problema que tenemos es que esas intervenciones se
tienen que hacer en hospitales de alta complejidad. Acá tenemos, por un lado el
Iturraspe que tiene a todo su equipo como objetor de conciencia y no toma los
casos; y, por el otro lado, en el Cullen se toman las situaciones pero no de
acuerdo a los protocolos y la Organización Mundial de la Salud", detalló a
Diario UNO, Ángeles Guerrero, integrante de la Multisectorial de Mujeres y de
Las Ana María, un grupo de socorristas que asesora y acompaña a mujeres en el
ejercicio de su derecho a la ILE.
Y señaló que, a través de la nota, se solicitó al Ministerio
de Salud que organice el sistema de salud y arbitre las medidas necesarias para
garantizar los procedimientos. "También queremos que se retome el proceso
de registro de objetores de conciencia porque muchos profesionales se declaran
objetores sin estar inscriptos y eso es una irregularidad, no es el ejercicio
de su derecho", detalló.
La legislación
En la Argentina, el aborto no está penado cuando corre
riesgo la vida o la salud de la madre y cuando la gestación ha sido producto de
una violación. En 2012, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que la mujer que ha sido violada no necesita orden judicial
para el procedimiento sino que basta con la firma de una declaración jurada.
También estableció la necesidad de que existan protocolos en los hospitales
para que no se obstaculice el ejercicio de ese derecho.
Muchas mujeres llegan a los centros de salud para solicitar
la ILE con gestaciones avanzadas porque no habían tomado conocimiento de su
estado o bien no recibieron el asesoramiento necesario. "Una de ellas le
dijo a su médico que no deseaba continuar el embarazo y él le dijo que no
estaba de acuerdo aunque sea una práctica legal y que no le iba a proveer
información. A partir de ahí, esa mujer comenzó una búsqueda sin suerte hasta
que ve una pintada con el número de Las Ana María", contó Guerrero.
Y aclaró que, en todos los casos de gestaciones avanzadas
que acompañaron, las mujeres habían sufrido o sufrían al momento de solicitar
la ILE situaciones de violencia dentro de su entorno familiar.
La reiteración de las dificultades de esas mujeres para acceder
a los procedimientos que se prevén para esos casos fue lo que impulsó a las
organizaciones –entre las que están Las Ana María, la Multisectorial de
Mujeres, la asociación civil Palabras e HIJOS– a realizar el pedido a la
cartera de Salud.
"Esta forma de violencia institucional pone en peligro
la vida de las mujeres, ya que su palabra o su voluntad no es tenida en cuenta
y se las excluye de la atención sanitaria que la complejidad de sus situaciones
requiere", indicaron las organizaciones en un comunicado.
Y agregaron: "El accionar de estos profesionales
contradice lo que establecen las leyes y los protocolos de atención
ministeriales. Por ese motivo urgen medidas que equilibren una situación de
desigualdad producida a instancias de los efectores sanitarios de alta
complejidad de nuestra ciudad. Es un rol indelegable del Ministerio de Salud
organizar los recursos humanos de forma que habilite el acceso a los derechos
que es obligación garantizar desde la salud pública".
En ese sentido, Guerrero señaló que no se buscan
proclamaciones sobre la temática sino "políticas públicas activas" y
que se realicen los controles necesarios para que los profesionales que no
están inscriptos en el Registro Público de Objetores de Conciencia garanticen
las prácticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
en todos los centros de salud y hospitales santafesinos.
Fuente: Diario Uno
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