El sector se redujo otro 18% y, con 110 entidades, es 56%
más chico que en 2004. Pronostican que la concentración seguirá. En la Capital hay 4 nuevas instituciones.
El sistema de salud privado en el interior de la provincia
de Córdoba se sigue achicando. Entre 2016 y 2017, 25 clínicas más cerraron sus
centros de internación. Las menos, continuaron como centros ambulatorios. La
mayoría, directamente no funciona más.
El achique significa una reducción del 18,5 por ciento en
los últimos dos años. Y respecto a una década atrás, el recorte es del 48 por
ciento. Hoy hay sanatorios privados en 62 localidades del interior, cuando dos
años atrás estaban en 73. En resumen: 11 ciudades se quedaron sin servicio.
En Capital el fenómeno, que hasta 2015 también se repetía,
cambió de dirección: se sumaron cuatro nuevas instituciones en los últimos dos
años, y con los principales actores embarcados en planes de inversión.
Semejante achique tiene efectos políticos, sociales y
económicos de toda índole. Quienes primero sienten la ausencia del prestador
privado son los intendentes: son los que tienen que articular alguna solución
porque el vecino se queja.
El ciudadano se siente desprotegido y parte de un todo que
lo olvida: en su pueblo no puede siquiera operarse de vesícula. El Estado, por
tanto, es ahí el canalizador de toda la demanda, desde lo simple hasta lo más
complejo.
Si bien las explicaciones de tamaña crisis son variadas, hay
una que es determinante: el financiamiento.
“Nos fijan el precio, los insumos suben y no podemos
trasladar los aumentos que tenemos a los precios de las cosas que hacemos”,
dice Juan Gras, titular del Hospital Italiano y presidente de Aclisa, una de
las dos entidades que nuclea a los prestadores privados de salud en Córdoba.
Gras hace una cuenta rápida: de 3,3 millones de habitantes
que tiene la provincia, un millón no tiene cobertura y de los que quedan, 700
mil tienen Apross y 500 mil Pami. “Y si Apross o el Pami, como pasó este año,
no acompañan con los valores, se van desfinanciando las entidades”, agrega.
Además, hay que contar la demora de los financiadores en
cancelar las prestaciones. “Si voy a facturar mil pesos pero los cobro a los 90
días, tengo tres millones de pesos en la calle. Hay mucho capital de trabajo en
la calle y se empiezan a tomar malas decisiones, te ahorca”, describe Marcos
Lozada, director del Sanatorio Allende.
Cuestión de escala
El volumen es un aspecto clave. “Las 11 principales clínicas
del interior, las más importantes, facturan en conjunto menos que las cuatro
más chicas de Córdoba Capital”, resume Diego Dequino, titular del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que elaboró en
2017 un relevamiento sobre el sector en la provincia.
“Muchas no tienen capacidad de gestión, han sido abiertas a
pulmón, por el médico del pueblo que ahora está grande; no se han actualizado,
no han podido invertir y no están los incentivos que debieran existir para
sostenerlas”, agrega Lozada, presidente de Caescor, la otra entidad
gremial–empresaria.
Es tal la especialización médica, que ofrecerla requiere
atender, mínimo, a 15 pacientes por día. Y en el interior, no están.
Además, todos reconocen que negociar con los financiadores
(públicos, prepagas y obras sociales) requiere de tantas artimañas, que los
pequeños se quedan afuera. “Con una estructura chica no tenés esa capacidad,
más a la distancia”, insiste Lozada.
“Hay un serio problema de rentabilidad, la ecuación
económica está profundamente jaqueada”, sostiene a su vez Pablo Paltrinieri,
director comercial del Hospital Privado de Córdoba.
A los ingresos que no acompañan y a los costos altos, muchos
en dólares, se suma que el IVA en el sector no es computable, más ingresos
brutos, tasas municipales y la importación de tecnología que paga aranceles
como cualquier producto.
“Perdemos entre el 40 y 50 por ciento del IVA que pagamos en
la compra de insumos; cuando vas sumando un poco de cada lado, tenés una carga
fenomenal”, dice Patrinieri. Y pronostica: “Si esto sigue así, en tres años
quedamos cinco jugadores”.
Los que trabajan
Después, está el factor humano. El personal en salud es otro
punto clave. “A nosotros nos cuesta llenar las plantillas de terapia, nos
cuesta conseguir neonatólogos, nos faltan anestesistas”, dice Lozada, del
Allende, que trabaja a capacidad completa en sus dos hospitales y acaba de
anunciar la construcción de un tercero en la zona sur de Capital.
“La situación es negativa, se repite el ciclo de inflación
con devaluación y eso es complicado para la salud”, admite a su turno el
ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna. Probablemente, la última
devaluación haya sido el golpe mortal para muchas clínicas, en agonía desde
hace años. “Con cada crisis, quedan un escalón más abajo, no se recuperan”,
apunta Fortuna.
La cuestión es que van desapareciendo de a una por mes.
El ministro Fortuna reconoce que la “fragmentación” del
sistema, entre actores de la Nación, la Provincia, los municipios, los gremios
y las empresas es un problema que complejiza el cuadro.
¿Y ahora?
Algunos, en el sector privado, se entusiasmaban con que el
gobierno nacional de Cambiemos pudiera, vía más el Ministerio de Trabajo que el
de Salud, animarse a un replanteo general. “Es momento de hacer una propuesta
en serio, habiendo los cambios de aire que hay”, sugiere Paltrinieri.
Mientras, los entendidos repiten que la tendencia es la
regionalización, que hay que hacer sinergia entre el sector público y el
privado y armar una buena red de derivación y traslado.
El Italiano, de la Capital, hizo punta y planteó este año un
modelo de red asistencial: se asocia con clínicas del interior. Armaron una
sociedad anónima con gobierno centralizado, compartiendo recursos humanos y
compras. Participan de esa flamante red entidades de Jesús María, Alta Gracia,
Villa María, Totoral y Villa General Belgrano y, como adherentes, otras de
Corral de Bustos, Villa Dolores y Pozo del Molle. Hoy tienen 400 camas (200 de
ellas en el interior), 700 médicos y 1.200 empleados.
En muchos casos, las intendencias –como pueden– asumen la
prestación sanitaria básica. Desde febrero, reciben ciento por ciento del
Fofindes con afectación a salud. Son 1.700 millones en 2017. Hay una
experiencia interesante de Noetinger con el Hospital Italiano, en lo que sería
la primera asociación de este tipo en el interior (ver El pueblo que
prueba...).
“El Estado tiene que garantizar el acceso a la salud en
forma universal. La inversión que se ha hecho en los últimos años es
importante, hay 60 hospitales y al menos uno regional en cada departamento, y
en algunos dos”, acota el ministro Fortuna.
Pero nadie se inmuta demasiado. Y sucede: son 146 clínicas
menos en apenas 13 años.
Dos caras. En 2008 cerró la Clínica del Valle, la última que
quedaba en Santa Rosa, la mayor ciudad de Calamuchita. En la zona no hay otras.
El hospital provincial Eva Perón concentra la demanda regional.
Fuente: La Voz
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